En agosto de 1973, el presidente Salvador Allende nombró nuevos comandantes en jefe en el Ejército y la Aviación: Augusto Pinochet Ugarte y Gustavo Leigh Guzmán, respectivamente.
Leigh y Pinochet agradecieron la muestra de confianza al jefe de Estado y juraron guardar lealtad a la Constitución y a las leyes. No obstante, tres semanas después, el 11 de septiembre, estos mismos comandantes encabezarían un golpe de Estado que dio fin al gobierno de la Unidad Popular y que culminaría con la muerte del presidente Salvador Allende Gossens.
El 11 de septiembre de 1973 se constituyó una Junta de Gobierno encabezada por los generales mencionados, además del almirante José Toribio Merino y el director de Carabineros general César Mendoza. En un principio, la dirección de la Junta sería rotativa, pero este acuerdo desapareció por decreto ley de junio de 1974, por el cual Pinochet asumió el poder ejecutivo como “Jefe Supremo de la Nación”. En diciembre del mismo año un nuevo decreto cambió el título por el del “Presidente de la República” y le confirió todas las atribuciones que la Constitución de 1925 otorgaba al cargo presidencial.
Las medidas de la Junta Militar
Entre las primeras medidas tomadas por la Junta estuvo la emisión de “bandos”, a través de los cuales fueron declarados el estado de sitio, el toque de queda, la censura de prensa, la disolución del Congreso, el receso de los partidos políticos y la prohibición de toda manifestación opositora al nuevo gobierno. La Constitución de 1925 se suprimió y sustituyó por unas “Actas Constitucionales” como nuevo marco institucional.
En pocos días, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar se hizo con el control absoluto del país y dispuso de las más amplias facultades para afianzarse en el mando e impedir cualquier manifestación política. Se censuró a los medios de comunicación, se restringieron las libertades civiles y se intervinieron las universidades. Todo el poder público quedó concentrado en manos del gobierno encabezado por Augusto Pinochet, quien contó a lo largo de su gestión con el apoyo sin fisuras de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Siguiendo la teoría de la Seguridad Nacional, los militares consideraron que el país se encontraba en estado de guerra para combatir a un enemigo encarnado no solo en el marxismo y los grupos armados, sino en toda fuerza opositora. Así, además de los principales dirigentes de la Unidad Popular, fueron detenidos numerosos sindicalistas, líderes estudiantiles, militantes socialistas, comunistas y de la izquierda en general. Según denuncias de organismos de derechos humanos y comisiones de investigación realizadas en gobiernos democráticos posteriores, miles de chilenos sufrieron torturas, otros se asilaron en las embajadas y otros más se vieron obligados a abandonar el país para emprender la vía del exilio. Según cifras oficiales, el número de muertos (y desaparecidos) por la represión llega a 3.065.
Discrepancias dentro del gobierno
En 1974, a pesar del discurso público de la Junta, de tono unitario, se produjo una fuerte disputa entre los generales Leigh y Pinochet. El 17 de junio de ese año, Pinochet presentó a Leigh, a Merino y a Mendoza el decreto ley 527, que establecía que la junta ejercería el poder legislativo y Pinochet, como cabeza de la misma, el ejecutivo. Paralelamente, cada uno de los miembros de la Junta había recibido distintas carteras ministeriales: Salud, Trabajo, Agricultura y Obras Públicas en el caso de la Fuerza Aérea, en tanto que los ministerios considerados más relevantes quedaron para las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Esto molestó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
La salida de Leigh
En 1978, el general Leigh renunció obligado, entre otras razones porque se negó a firmar el decreto que ahora nombraba a Pinochet presidente de la República. Pero la gota que rebasó el vaso fue una entrevista que dio Leigh al periódico italiano Il Corriere della Sera y que se publicó el 18 de julio de ese año. Allí Leigh se definió como el segundo hombre de la Junta y declaró que, de comprobarse la acusación norteamericana de que los organismos chilenos eran los responsables de la muerte de Orlando Letelier (1976) en Washington, él estudiaría su permanencia a la misma. De hecho, ese mismo año Leigh ordenó a la Fuerza Aérea investigar por su cuenta el atentado.
También afirmó que el gobierno militar tendría que entregar el poder en cinco años y que se debían habilitar los registros electorales y aprobar un estatuto de funcionamiento de los partidos políticos. Con él renunciaron, en señal de solidaridad, dieciocho de los diecinueve más altos oficiales de la institución… El único que no renunció fue Fernando Matthei, quien lo sustituyó como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.