El principal agente represivo de la Dictadura Cívico-Militar que gobernó el país entre 1973 y 1990 fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Creada por decreto ley en 1974, bajo la dirección de Manuel Contreras.
Este organismo persiguió dentro y fuera de las fronteras chilenas a los opositores del régimen militar y se denunció que fue responsable del atentado en el que perdió la vida el general Carlos Prats, asesinado en 1974 en Buenos Aires, Argentina. Pero el caso que más repercusiones tuvo en el ámbito internacional fue el de Orlando Letelier, ex ministro de Defensa y Asuntos Exteriores del gobierno de Salvador Allende, muerto en Washington en 1976 a causa de la explosión de un coche bomba. La justicia estadounidense presentó serias pruebas contra el general Manuel Contreras, quien en 1993 fue condenado a prisión. La Organización de la Naciones Unidas emitió una dura condena a la violación de los derechos humanos en Chile.
En agosto de 1977 la DINA se disolvió mediante un decreto firmado por Augusto Pinochet. Se creó en su lugar la Central Nacional de Informaciones (CNI), bajo el mando del general Humberto Gordon, “para que el Supremo Gobierno cuente con un organismo especializado que reúna información del nivel nacional que se requiera para la adopción de medidas que sean necesarias, en resguardo de la seguridad interna de la ciudadanía”.
Según los decretos respectivos, la DINA y la CNI “fueron facultadas para requerir de cualquier servicio estatal o de personas jurídicas en el que el Estado o sus empresas tuvieran parte los antecedentes que estimaran necesarios, aún de carácter reservado o secreto”. Además, se les otorgaron diversas franquicias tributarias y aduaneras y atribuciones en materia de control de armas.
La Dicomcar
Otro organismo de inteligencia fue la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Sindicada como responsable de la muerte de tres dirigentes comunistas: José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, hecho ocurrido en 1985 y conocido como el “caso Degollados”, que motivó la renuncia del general César Mendoza a sus cargos de miembro de la Junta de Gobierno y de director general de Carabineros.
Al amparo de la CNI y de la Dicomcar, funcionaron varios grupos formados por agentes de la CNI y oficiales del Ejército y de Carabineros; dedicados a la intimidación, entre ellos el Comando 11 de septiembre, especialmente adiestrado para operar en poblaciones marginales. También operaron los llamados “gurkas”, especializados en reprimir manifestaciones callejeras.
