Huelga general de 1890

Huelga general de 1890

octubre 2019 0 Por Huellas

La primera huelga general que se desarrolló en el país se inició el 2 de julio de 1890 por iniciativa del gremio de lancheros de Iquique, quienes demandaban un aumento salarial y el pago en monedas de plata. El movimiento se propagó rápidamente a otros gremios de la ciudad, y durante la mañana de ese día cerca de dos mil trabajadores impidieron el habitual funcionamiento de la ciudad (actividades de bancos y casas comerciales, la carga y descarga de salitre en la estación, el movimiento de carros urbanos, etc.).

La situación del salitre favoreció la adhesión de los trabajadores de las oficinas salitreras del interior. Este sector productivo era extraordinariamente sensible a las variaciones en las condiciones de comercialización en el exterior. En el año 1884 se había producido la primera crisis en los precios del salitre, por lo que las compañías recurrieron a la denominada “combinación salitrera”, que era un ajuste de la producción a los precios, es decir, la disminución de las exportaciones del material mientras se recuperaban aquéllos. En octubre de 1889 se experimentó una nueva baja en los precios, y los empresarios pensaron en reactivar el mismo mecanismo, pero no hubo acuerdo. Las medidas, entonces, repercutieron en la mano de obra. Fueron despedidos cerca de mil operarios, y se rebajaron los salarios, que eran fácilmente controlables por los empleadores al utilizarse el sistema de fichas-salario.

En estas circunstancias, la huelga se activó en las oficinas de San Donato, Tres Marías, Rosario, Ramírez, San Jorge, Huantajaya y Huara, donde se cometieron saqueos principalmente en contra de las pulperías (especie de almacenes de todo tipo de productos donde los trabajadores cambiaban las fichas por bienes). Entre las peticiones reclamadas por los trabajadores se exigió la supresión del sistema de fichas; el fin de las pulperías y la autorización del libre acceso de vendedores ambulantes a las oficinas; el pago en moneda de plata o billete equivalente; el fin de descuentos de salarios; la seguridad en el trabajo; el derecho a petición y asamblea; el establecimiento de escuelas primarias en las oficinas; la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas, de los juegos y de las prostitutas en los campamentos; el fin del pago del agua para beber y del control sobre la correspondencia de los trabajadores.

En tanto, la huelga se había extendido también hacia Pisagua. El día 10 los gremios iquiqueños tuvieron éxito en su principal demanda, es decir, el pago de salario en moneda convertible en plata, y el acuerdo fue firmado entre las partes y el intendente Guillermo Blest Gana, que actuó como mediador.

El gobierno, que inicialmente tuvo una actitud observante, asumió protagonismo enviando buques de guerra y contingentes militares a la zona, con el objetivo de restaurar el orden. Ante el éxito alcanzado en Iquique, obreros de Antofagasta no tardaron en sumarse al movimiento. Pero con el orden restaurado, los comerciantes desconocieron el acuerdo y el día 19 informaron al gremio de lancheros que se suspendía el pago en plata por sus servicios.

Se inició así una contraofensiva empresarial con el propósito de terminar con los gremios y su control sobre la certificación de oficios, lo que fue rápidamente sancionado por el Congreso.

Cuando el movimiento entró en el norte en una fase de declinación, el nudo del conflicto se trasladó al sur. El 19 de julio fleteros y lancheros de Valparaíso levantaron la misma demanda que los nortinos. Comenzaron los saqueos en fábricas de alimentos y casas de préstamo. La banca y el comercio cerraron. Durante la tarde los militares y policías se enfrentaron violentamente contra las “pobladas”. En la noche, los incidentes se intensificaron y se calcula en cerca de 50 los muertos de la jornada. Luego, la situación tendió a normalizarse, pero ya habían prendido huelgas en Viña del Mar, Los Andes y Concepción, y las zonas mineras de Lota y Coronel amenazaban con adherirse. El gremio de los panaderos sumó fuerzas en dichas ciudades, y también en Limache y Talca. Éstos, aparentemente, fueron los únicos en actuar coordinadamente y por ello la huelga tendió a diluirse. Con el paso de los días las autoridades lograron imponer el orden, y el movimiento quedó totalmente desarticulado.

En agosto, la situación del país había vuelto a la normalidad, sin que los trabajadores hubiesen logrado alguna mejora en sus condiciones, pero demostraron el grado de intensidad que podían alcanzar sus acciones. El empresariado, el Ejecutivo y el Congreso actuaron al unísono en estos acontecimientos, pero esto fue solo una excepción circunstancial en las relaciones conflictivas entre los poderes del Estado.