Un Consejo Dictatorial se encontraba al mando del país desde noviembre de 1825. Fue la ocasión propicia para que José Miguel Infante, quien presidía ese Consejo, implementara un ordenamiento de tipo federal.
La organización política de los Estados Unidos de América se había convertido en un modelo ejemplar para muchos países de Hispanoamérica (Venezuela, Argentina, México, Colombia) y en Chile también tuvo muchos admiradores. Sus antecedentes más remotos se pueden encontrar ya en los cabildos coloniales y en las más recientes asambleas provinciales.
El Reglamento de enero de 1826 reorganizó el territorio de la República de Chile en ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Valdivia y Chiloé, y estableció que cada una contaría con una asamblea provincial.
El Congreso Constituyente de 1826 aprobó luego una serie de leyes federales antes de presentar una Constitución definitiva. Entre las leyes que se dictaron, se destacan las de elección popular de intendentes, gobernadores, cabildos y párrocos, entre otras.
Las “leyes federales” provocaron el aumento del desorden institucional. Pretendieron ser una copia del modelo estadounidense, pero no se realizó una adaptación de las mismas a la idiosincrasia chilena. La puesta en práctica se realizó muy apresuradamente: de hecho, fueron aprobadas por una mayoría liberal que no esperó una confirmación más acabada. Así, el país quedó dividido en ocho provincias, cuyos límites no fueron claramente establecidos. La intención de que cada zona tuviese una mayor grado de autonomía, para acabar con el centralismo de Santiago, no obtuvo los resultados esperados dada la escasez de recursos económicos regionales provocada por la reciente guerra de Independencia.
Una comisión constituyente presentó la Constitución federal, que pasó a discusión en el Congreso en febrero de 1827, pero ya el modelo estaba completamente desacreditado y nunca fue aprobado. La Comisión Nacional Provisoria que sustituyó al Congreso puso fin al ensayo en junio de ese año. El federalismo fracasó, porque Chile carecía de tradiciones regionalistas y de un territorio extenso y diverso. La mayoría de las provincias eran incapaces de sostenerse económicamente y tampoco contaban con personas interesadas e idóneas para formar las asambleas provinciales. La división territorial, además, provocó fuertes disputas entre las provincias. El estruendoso desmoronamiento de este sistema favoreció el retorno al sistema unitario, aunque algunos rasgos del federalismo no se olvidaron tan rápidamente.
Sin embargo, ya no se volvió a intentar otro experimento de índole similar.
